Lo que se pensaba que pudiese ser el inicio de las soluciones a la grave crisis del servicio de energía en la Región Caribe, se viene convirtiendo en un verdadero enredo eléctrico.

Al menos es la percepción que dejan las más recientes decisiones del Agente Interventor de la Superintendencia de Servicios Públicos, en la empresa Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, especialmente en lo relacionado con la suspensión de la prestación del servicio a 350 usuarios no regulados de la Región.

Para el experto en asuntos eléctricos, Carlos Diago Abello, la anunciada decisión que se haría efectiva a partir del 1o. de enero de 2017, resulta absurda, pues para la empresa significa perder un importante mercado.

“¿Cuál es el servicio que le garantizan a empresas de gran actividad económica y de producción en la Costa, al suspenderles el servicio y mandarlas a otros operadores?”, cuestionó.

Realmente, la actual coyuntura de los usuarios no regulados no es nueva. Por ejemplo, cuando en 2015 vencieron los contratos los mismos fueron renovados a precios de Bolsa más 12 pesos, situación que fue aceptada por el grupo de usuarios.

En ese momento, en medio de la amenaza del Fenómeno de El Niño, la empresa logró mantener su mercado de usuarios no regulados.

Por esta razón considera que con decisiones como la adoptada por el Agente Interventor conducen a la definitiva destrucción de la empresa.

“Es una decisión que va en contravía de toda la teoría del negocio que es la clientela. La ‘preservación’ del servicio en este caso no se da como garantía para los usuarios sino para pagarle a los oligopolios, quienes son los que realmente están detrás de la ‘garantía soberana de la Nación’”, advirtió.

En concreto se trata de las Empresas Públicas de Medellín, Isagen, Celsia y Emgesa, que recogerán la atractiva clientela abandonada por Electricaribe.

Para Diago Abello resulta inexplicable que Electricaribe no hubiese acudido a empresas de la Región, para garantizarles la energía a los 350 no regulados, tales como Gecelca S.A. E.S.P. y Urrá S.A. E.S.P.

La primera de ellas con capacidad de generación en Termoguajira y Puerto Libertador (Gecelca 3). Y la segunda con cuatro unidades en el Alto Sinú, con un total de 340 megavatios.

Paradójicamente, la empresa decidió no seguir prestándole el servicio a los usuarios cuyo índice de pago es del 100%.

A lo anterior se suma la situación que se viene presentando con contratistas de Electricaribe, muchos de los cuales, por no trabajar “en caliente”, retrasan la reparación de los mismos.

Durante el fin de semana numerosos sectores soportaron prolongados apagones como consecuencia de los daños registrados.

En concepto de Carlos Diago Abello, el panorama de Electricaribe sigue siendo igual de oscuro que antes de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicio, ante lo cual propone acciones concretas:

- Que el sector oficial cumpla el compromiso de pagar el servicio de energía.

- Mejorar el servicio en los estratos bajos, normalizar las redes y socializar la incorporación de la nueva clientela, que a la luz del artículo 48 de la Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica) no fueron normalizados en el término de 20 años. “Es decir, corregir lo que se debió corregir hace mucho tiempo”.

- Que la propiedad regrese de manera mayoritaria a la Nación.

Pero, ante todo, que la Superintendencia de Servicios aclare cuál es su verdadero objetivo frente al caso Electricaribe.